Información empresarial en manos del Estado: ¿hasta dónde llega la transparencia? - El Mercurio Legal

Una reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago volvió sobre una tensión cada vez más relevante en las actividades reguladas: el tratamiento de la información técnica o comercial que las empresas deben entregar a los órganos de la Administración.

El fallo mantuvo la decisión de proporcionar proyectos técnicos asociados a concesiones acuícolas cuya tramitación se había iniciado hace casi treinta años. La Corte reafirmó que la información en poder del Estado se presume pública y que quien invoca la afectación de sus derechos comerciales debe identificarla y acreditarla de manera concreta. También atribuyó importancia al tiempo transcurrido: mientras más antiguos sean los antecedentes, mayor será la exigencia de demostrar que todavía conservan valor competitivo actual.

Sin embargo, la discusión no debería reducirse a escoger entre la publicidad íntegra de un documento y su reserva total. El principio de divisibilidad exige distinguir qué información permite comprender y controlar una decisión administrativa y qué datos técnicos o comerciales mantienen una sensibilidad vigente y demostrable.

Este problema trasciende a la salmonicultura. Se presenta cada vez que una empresa debe entregar antecedentes técnicos, sanitarios, financieros o productivos para obtener una autorización o someterse a la fiscalización de una autoridad.

Comparto a continuación la columna publicada originalmente en El Mercurio Legal, en la que analizo los principales alcances del fallo y algunas cuestiones que permanecen abiertas.

Publicación original: El Mercurio Legal, 23 de julio de 2026. Autor: Pablo Manríquez Díaz.